Prospectus

El Derecho, desde sus primeras manifestaciones en la evolución de la sociedad y a lo largo de la historia de la humanidad se ha convertido en uno de los ejes fundamentales para alcanzar la adecuada organización de esta; comenzando en la prehistoria con los inicios de comportamientos que conllevaban consecuencias, pasando por las estructuras sociales delimitadas por parentescos, los mandatos de personas de mayor edad, las organizaciones sociales por actividades, llegando al código de Hammurabi, el desarrollo intelectual en la Antigua Grecia, el Imperio Romano desde luego y hasta las grandes discusiones filosóficas del renacimiento y la actualidad, han hecho que el Derecho tenga una función protagónica que lo dota de una condición especial.   Esta cualidad particular invita a pensar también que todas aquellas personas quienes desarrollan sus funciones intelectuales y profesionales alrededor del Derecho deben entender lo que este significa y en razón de esto ejercer de la forma

El ejercicio profesional del Derecho implica una serie de elementos los cuales resultan fundamentales para ser efectivo, entre ellos se tienen por ejemplo todos aquellos que poseen relación con asuntos materiales de la profesión, es decir conocimientos generales o específicos que se hayan adquirido en las diversas materias o ramas que componen esta ciencia social; se habla entonces de: teorías doctrinarias, conocimientos normativos, posiciones jurisprudenciales, entre otras. Otro de los elementos que deben ser propio de la práctica profesional, y que es objeto principal de este ensayo, es el referido a la Moral y la Ética, componentes que son propios de condiciones filosóficas que tienen relación con el comportamiento del ser, y que buscan orientar las conductas que deberían tener quienes decidan ejercer como Abogados (as) por medio del concepto de Deontología, aplicado en particular a las Ciencias Jurídicas. Tratándose de un elemento filosófico serán muchos los conceptos

Sobre el tema de los consorcios: El tema de los consorcios se establece tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su respectivo Reglamento, y el mismo ha sido ampliamente tratado por la Contraloría General de la República en varias resoluciones. El artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “ ARTICULO 38.- Ofertas en consorcio. En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita. Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los procedimien